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Feb
14

Queda prohibido grabar este pleno

[Esta és una informació publicada al diari Levante EMV el 24-2-14]

La polémica de Sellent abre un debate sobre el choque entre la potestad del alcalde de dirigir la sesión y el derecho del vecino a la información

 La polémica generada esta semana tras el intento de grabación de un pleno por parte de un vecino en Sellent, que incluso fue detenido en dos ocasiones por presunta alteración del orden público y resistencia a la autoridad y puesto a disposición judicial, ha abierto un debate sobre si existe un vacío legal en el ordenamiento jurídico sobre esta cuestión.

Han pasado más de 30 años desde que en los primeros 80 quedara regulado el funcionamiento de las sesiones municipales de la naciente democracia. Pero los avances electrónicos y la posibilidad de tomar imágenes de alta calidad con un simple teléfono móvil nunca quedaron reguladas.

«Han pasado muchas cosas desde aquel reglamento de 1986», señala el secretario del Ayuntamiento de Sellent, quien esgrime una sentencia del Supremo del año 2000, que hace referencia a la libertad de los medios de comunicación para grabar los plenos, «pero que no dice nada de personas particulares, que tienen que pedir permiso al alcalde y si éste decide que no graba, pues no se puede grabar», sostiene el funcionario.

Sin embargo, la plataforma Graba tu pleno alude directamente a la norma fundamental, la Constitución, que reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. La plataforma esgrime numerosas sentencias y resoluciones judiciales en distintos ámbitos que formulan recomendaciones a los ayuntamientos para que permitan la grabación y difusión de los plenos municipales.

Potestad del alcalde

El secretario del Ayuntamiento de Sellent admite que se trata de un tema «polémico» porque «pueden chocar varios derechos». Pero advierte que es incuestionable «la potestad del alcalde para dirigir un pleno e incluso de recurrir a la fuerza publica si lo estima conveniente». Aunque también existe el derecho constitucional que asiste al ciudadano. «Hay sentencias a favor y las hay en contra y en unos sitios se cumplen y en otros, no», afirma el secretario de Sellent.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) de enero de 2009 sostiene que la transmisión de información en nuestra sociedad «no está restringida, ni mucho menos, sólo, a quienes sean periodistas, de manera que, cualquier ciudadano puede informar, trasladar datos por cualquiera de los medios técnicos que permiten su tratamiento y archivo, y por supuesto, cualquiera puede mostrar su opinión sobre los datos que trasmite».Esa misma sentencia, asegura que los poderes públicos en democracia deben caracterizarse por su «coherencia y su transparencia; lo primero implica racionalidad; y lo segundo, que sus decisiones no sólo pueden, sino que deben ser conocidas por los ciudadanos».


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